Malmierca declara a Granma que “en materia de inversión extranjera se observan modestos avances en cuanto a la concreción de nuevos negocios, tanto dentro como fuera de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, así como reinversiones en varios de los proyectos existentes”, y no me queda más remedio que darle toda la razón. Que de un modo u otro, reconocer, como hace él, un fracaso de la política de captación de inversiones extranjeras en Cuba es un hecho objetivo y, en contra de lo que muchos pueden pensar, obedece a razones de las que él no tiene culpa alguna.

El régimen castrista, que siempre ha confiado su existencia política a la propaganda y la venta de presuntos éxitos, acaba de inaugurar a bombo y platillo la edición 35ª de la Feria Internacional de La Habana, un foro que intenta atraer a inversores y compradores extranjeros a la precaria economía que los comunistas han construido durante 58 años.

Y ni corto ni perezoso, Malmierca informa que desde el pasado año, los negocios de capital extranjero han llegado a sectores estratégicos de la economía, como las energías renovables, el turismo, la construcción, la minería y la prospección petrolera, unido al bancario financiero y las industrias, especialmente la ligera, la alimentaria y la azucarera, y lo han hecho, por un monto total de capital comprometido superior a los 2.000 millones de dólares. Si todo esto fuera cierto, nos alegraríamos, sin duda. Creerlo requiere mucho más que una prueba de fe.

Cuba ya no sorprende a nadie en el terreno económico. Si en 2016 logró remontar las consecuencias de una grave recesión con origen en la reducción de los suministros de petróleo chavista, con las limitaciones que ello implica a nivel interno y externo, este año la actividad se ha visto inmersa en la pérdida de fuerza de los motores, como el turismo o la inversión extranjera, complicaciones que unidas al efecto adverso de la climatología, definen un escenario cuanto menos problemático para el previsto relevo de Raúl Castro a comienzos de 2018.

El Informe de CEPAL relativo al balance preliminar de las economías en América Latina y el Caribe vuelve a situar a Cuba, con un 0,5% de crecimiento del PIB en el puesto 27º del ranking, o lo que es lo mismo, en los últimos de la clasificación regional, lo que indica que conforme pasaban los meses, la economía no ha conseguido remontar los pésimos resultados, de modo que se espera que los problemas que la han atenazado a lo largo del año no hagan otra cosa que incidir de forma negativa en el cierre el ejercicio.

De ese modo, Cuba se distancia del resto de países de América Latina que están sacando más provecho de la actual coyuntura, y se muestra incapaz de obtener los mayores réditos de las reformas parciales que el régimen ha ido adoptando en los últimos años. El régimen castrista continúa empeñado en mantener a Cuba aislada del resto del mundo, e impedir a los cubanos que ejerzan con libertad sus derechos económicos, consolidando un sistema de planificación central de la economía en el que no se respetan los derechos de propiedad privada, que prácticamente no se observa en ningún otro país del mundo.

En este escenario, el régimen no hace otra cosa que mirar siempre de puertas adentro y denunciar un presunto ejercicio de bloqueo o embargo, pero no consigue poner énfasis en el tipo de reformas que harían más productiva y competitiva a la economía nacional. Un círculo vicioso del que cada vez resulta más difícil escapar.

Otra decisión del régimen castrista puede suponer un duro golpe al sector agropecuario privado que empieza a funcionar en el país. Pagar impuestos por la tierra cedida.

Tras las reformas de Raúl Castro en 2006, que permitían la entrega en arrendamiento de tierras ociosas, propiedad del estado, a productores privados para que las pusieran en cultivo, un lento pero continuo aumento de usufructuarios ha situado en 2017 la cifra en 151.000 que ocupan 1,2 millones de hectáreas que continúan siendo propiedad del estado.

Transcurridos 11 años desde la aprobación de estas reformas, que aún tardaron casi dos años en implementarse plenamente, más del 70% de las tierras de cultivo de la isla están en manos de productores no estatales, entre usufructuarios y campesinos propietarios. Por el contrario, la proporción de tierras que gestiona el estado se mantiene en el 30%, una cifra realmente elevada, que no se observa en otros países de América Latina y del mundo, y que está detrás de los bajos rendimientos de la agricultura en Cuba.

En realidad, todavía queda por entregar a los productores privados unas 500.000 hectáreas de tierras para la agricultura y la ganadería. Las autoridades justifican esta situación porque se trata de “áreas poco atractivas” por situarse lejos de poblaciones y plagadas de marabú. La realidad es que la fórmula del arrendamiento sin derechos de propiedad no interesa a muchos productores agropecuarios. Nadie quiere trabajar para algo que no es suyo. No obstante, gracias a la entrada de productores privados en la agricultura, se han obtenido incrementos de la producción de arroz, maíz, fríjol y frutas, en los que más del 90% de la producción depende de la iniciativa privada, con crecimientos medios anuales entre el 6% y el 8%.